Claudia Rodríguez

Ahora que el señor Felipe Calderón afirma que la controversia constitucional que promovió a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las reformas que permiten el matrimonio y la adopción a las parejas del mismo sexo en el Distrito Federal se justifica, ya que la Carta Magna señala que el matrimonio es entre un hombre y una mujer; también debería detenerse Calderón a observar y cumplir el ordenamiento constitucional referente a la seguridad pública, el cual señala que “la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva…”, pues no es ningún cuento, ni anécdota el hecho de que entre la sociedad mexicana permea el miedo por la inseguridad en la que se vive.